Chávez, un regreso... ¿con gloria?

o la astucia del partido militar

 

“Dios bendiga a los soldados de Venezuela que hicieron posible

junto al pueblo el rescate de la dignidad nacional”

(Presidente Chávez, locución en el 42° Batallón de Paracaidistas, 14/04/2002)

 

                                          

 

“Jamás me imaginé que regresaría tan rapidito (al Poder), me había puesto a escribir unos poemas y no he terminado ni el primero. Muchísimas gracias”, reconoció sorprendido Hugo Chávez Frías apenas llegado al Palacio de Miraflores. Después de un “sprint” de 48 horas que desató un curiosa “contracontrarrevolución” nunca antes vista en Latinoamérica, el ejercito decidió retirarle el apoyo a los “gorilas” civiles golpistas y devolver la continuidad del “hilo constitucional” a la república bolivariana de 1999. Si a Perón lo liberó las masas saltando el Riachuelo contra la corporación militar, a Chávez lo repuso la misma corporación militar que lo derrocó. Es algo así como que a Perón lo libere el general Avalos. Teniendo como trasfondo manifestaciones “chavistas” en todo el país, incluidos saqueos y cuartelazos, aparte del aislamiento internacional, desde que el sábado 13 de abril a las 16:37 el general Efraín Vásquez, comandante general del Ejército, señaló que el gobierno provisional golpista había cometido “errores” y le dio un ultimátum de nueve puntos; la cuenta regresiva estaba lanzada. Los puntos eran: 1.- Revisión y modificación del decreto del 12 de abril; 2.- Restitución de la Asamblea Nacional ; 3.- Concertación con las fuerzas vivas de la nación para constituir un gobierno garantizado por la pluralidad y representativa; 4.- Exhortación a la paz y tranquilidad, y que cada acción de gobierno se efectúe con respeto a los derechos humanos; 5.- Ratifico al Alto Mando en todos sus cargos a los integrantes del Alto Mando Militar del Ejército; 6.- Se ratifica el apoyo a las autoridades e instituciones, así como el apoyo incondicional del componente a la obediencia y disciplina; 7.- Respeto a las autoridades locales legalmente electas por el pueblo venezolano, gobernadores y alcaldes, locales y regionales, 8.- Exigimos una construcción de una sociedad sin exclusiones que manifieste de manera pacífica; debemos mantener la democracia, amamos y queremos seguir en democracia. Garantizamos la seguridad, el trato y respeto al teniente coronel Hugo Chávez y su familia, y solicitamos la petición del presidente Chávez de salir del país de forma inmediata; 9.- Exigimos que se restituyan los poderes públicos legalmente constituidos en el país, todo lo que estaba en vigencia, esto no es un golpe de Estado. Cum grano salis: lo clave a dilucidar es si las masas presionaron al partido militar o si el partido militar, quizá la organización más autónoma hoy en Venezuela, fue correa de transmisión y vanguardia. Lo indica la propia autoexplicación de Chávez en su discurso del domingo: su retorno fue posible gracias al ejercito junto (nexo subordinante) a las masas. La exigencia de volver a los mecanismos constitucionales, una de las demandas de los militares, era el retorno del propio Chávez, tal como sucedió. En el primero de los nueve puntos lo que importa más es el respeto a la Constitución de 1999 y lo que importa menos es el establecimiento de una transición de facto, porque si se respeta la Constitución queda claro que la transición es negociada con el “chavismo”. Todos sabemos que una Constitución no es un problema de derecho sino de poder: es decir, reside en los factores materiales, reales y efectivos de poder social. De este núcleo significativo es que se derivan los dos puntos siguientes: el 2 y el 3. Ese retorno de Chávez es lo que estaba consumándose anoche, 13 de abril, detrás de las tanquetas. Hay que entender que la famosa Constitución Bolivariana –“el muchachito”, como solía apodarla Chávez con orgullo de padre soltero– estuvo absolutamente en el centro de la relación de fuerzas militares una vez que la sospechosa junta encabezada por Carmona decidió borrarla de la historia. Ya que Chávez había instalado en ella una explosiva concesión que iba a ser muy difícil de retirar: la entrega a la Fuerza Armada (desde que subió Chávez al poder se designa en singular como un sujeto, la semántica también revela dónde está el poder efectivo) de un rol político, económico y capacidad deliberativa inéditas. De un elevado control del poder militar por parte del  legislativo, establecido en la Constitución de 1961, se pasa a una situación de autonomía funcional de la institución militar con respecto al mundo civil. De institución obediente, apolítica y no deliberante, las fuerzas armadas venezolanas, adquieren la posibilidad de deliberar y participar en la determinación de los asuntos públicos y la limitación política se redujo sólo a “sin militancia política”. A tal decisión se agrega la determinación de las fines de la institución militar, establecidos en mismo artículo 326: “Las Fuerza Armada constituye una institución...organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden público y la participación activa en el desarrollo nacional”.  A diferencia de la Constitución del 61 que incorporó como parte de las funciones de las Fuerzas Armadas “la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra obligación.”(artículo 132). Tal y como puede observarse, la Constitución del 99 no sólo elimina los supuestos del articulo 132 del 61, sino que incorpora por primer vez, una serie de funciones que en las Constituciones anteriores se reservaban exclusivamente al ámbito civil: “la cooperación en  el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional”. Ambas funciones forman parte constitutiva de la doctrina de seguridad nacional extendida en las instituciones militares de América Latina e incorporadas en la cultura militar predominante hoy. Se trata de “cooperar”, “colaborar” o de “corresponsabilidad” en funciones materiales, económicas, ecológicas y políticas que antes les estaba vedado por la exclusividad de la función de defensa militar de toda la sociedad, Además de ampliar las funciones y responsabilidades de la Fuerza Armada a todos las actividades de la vida social venezolana en competencia con los civiles, la Constitución del 99, hace una distribución de responsabilidades en materia militar entre los diversos poderes del Estado que reduce al mínimo el control de la materia militar por parte del poder legislativo, o sea: el único de base parcialmente democrática. En el artículo 236, al tratar las atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República , establece en el parágrafo 6: Ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional, promover sus oficiales a partir del grado de coronel o coronela o capitán o capitana de navío y nombrarlos o nombrarlas para los cargos que les son privativos.”.  Tal disposición deja sin efecto el artículo 150 de la Constitución del 61, referido a las atribuciones del Senado (Capítulo II; Título V, del poder legislativo  nacional),  el cual, en su parágrafo Quinto rezaba: “Autorizar el ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas, desde Coronel o Capitán de Navío, inclusive.”. En esta caso el Senado “autoriza” al presidente de la República , en tanto Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas  para  promover a los oficiales. Desde el punto de vista formal la Constitución del 99 introduce una situación de concentración de poder absolutista en el Presidente de la República , quien decidirá la política de ascensos sin la autorización del órgano legislativo nacional.

Esta atribución exclusiva del Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, se encuentra reforzada por el artículo 331 de la Constitución del 99, donde se establece que “los ascensos militares se obtienen por mérito, escalafón y plaza vacante. Son competencia exclusiva de la Fuerza Armada Nacional y estarán reguladas por la ley respectiva.”. Tal norma elimina el control civil, antes ejercido por el Congreso,  sobre los ascensos militares, colocándolos exclusivamente en el ámbito militar, dado que el Presidente de la República en su calidad de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada está facultado para promover a los oficiales. Es el rango militar lo que permite al Presidente actuar en materia de ascensos militares, según el artículo 331/99. Así la Fuerza Armada adquiere una total independencia con respecto a las instituciones del poder civil en una materia de vital importancia para el control popular de la institución militar y para el tipo de relaciones civiles y militares predominantes en la Constitución. En este caso el texto constitucional no se comporta como “hoja de papel”, sino como la expresión de los factores real de poder material existentes en la sociedad. La Fuerza Armada es el principal factor de poder existente en la estructura institucional del país y en el seno de la sociedad venezolana y ha logrado que su poder real se exprese en poder formal al introducir tales modificaciones en la Constitución del 99. El órgano legislativo, la Asamblea Nacional sólo conserva, según el artículo 187/99, parágrafo 11, la atribución a  “autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país” (Título  V. Capítulo i)

Otro cambio, ahora en el sentido de reforzar los privilegios de los oficiales se encuentra en artículo 266/99, el cual norma las atribuciones del Tribunal supremo de Justicia. En el parágrafo 3, referido a la prerrogativa de aquellos funcionarios de alto nivel que para enjuiciarlos por presuntos delitos es necesario solicitar al Tribunal Supremo de Justicia un antejuicio de mérito, por primera vez en la historia constitucional venezolana se incluye a “...oficiales, generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional....”, en una norma que protege a los funcionarios de más alto nivel de dirección política del Estado. En el artículo 214 de la Constitución del 61, correspondientes  a la normativa de la Corte Suprema de Justicia no se encuentran los oficiales, ni los generales y almirantes con tales prerrogativas, reservadas sólo para los altos funcionarios públicos, de ahora en adelante cualquier oficial, independiente de su rango, no puede ser sometido a juicio sin al antejuicio de merito de acuerdo a esta nueva previsión de la Constitución del 61. Este artículo crea una situación de privilegio de los oficiales con respecto a los civiles que cumplen funciones de igual nivel y responsabilidad pública. Finalmente, dos últimas referencias a cambios en el tratamiento de la institución militar y sus miembros establecidos en la Constitución del 99. Uno, la transferencia del control, inspección, comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y explosivos” que la Constitución del 61, dejaba al ámbito del Ministerio de Relaciones Interiores, propio de los espacios que tratan las relaciones del Estado y el Ejecutivo con los ciudadanos desarmados, ahora según el artículo 324/99, “... La Fuerza Armada Nacional será la institución competente para reglamentar y controlar, de acuerdo con la ley respectiva, la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y uso de otros armas, municiones y explosivos.”. En la Constitución del 61, de acuerdo al artículo 133, “...La fabricación, comercio, posesión y uso de otras armas serán reglamentados por la ley,”. En esta norma no aparecen las Fuerzas Armadas involucradas en el control de este tipo de armas, municiones y explosivos. Esta actividad exclusiva del ámbito civil ahora pasa a ser regulada por el ámbito militar.

Y, dos, en el artículo 328/99 relativo a la Fuerza Armada Nacional se incorpora la exclusividad de un “régimen de seguridad social integral propio”. Aún cuando las Fuerzas Armadas siempre han contado con un régimen de seguridad propio, ahora se les da la garantía constitucional que lo mantendrán independiente de los cambios en los regímenes de seguridad social previstos en las discusiones sobre la ley de seguridad social en la Asamblea Nacional. De acuerdo al proyecto de ley, todos los venezolanos a excepción de los militares, regirán su protección social por medio un instrumento legal general. Tal situación representa un elemento más de autonomía fáctica en el tipo de relaciones civiles y militares pautadas por la nueva Constitución de 1999.

El principal escollo, para alcanzar sus objetivos políticos, desde el poder, fue la carencia de una organización política con capacidad, experiencia y que cubriera todo el país; sólo contaba con su profunda influencia en los electores y el respaldo del estamento militar, quien comenzó a ser favorecido por las decisiones de Chávez de incorporar militares activos a posiciones burocráticas claves de la Administración Pública. La “Nueva Clase” era cooptada del mismo aparato militar, en algunos casos duplicando funciones. De esta forma, durante los dos primeros años de gobierno, la estructura del Estado ha sido copada por militares activos y retirados, desplazando a los civiles o burócratas de carrera. El ejemplo más significativo es la Presidencia de la Empresa del Estado más importante del país: Petróleos de Venezuela (PDVSA), que pasa a ser dirigida por un General activo, sin ningún tipo de experiencia en la industria petrolera, industria que aporta mas del 70 % de los ingresos fiscales del país. Igualmente, en el Ministerio de Relaciones Exteriores fue nombrado un militar retirado comprometido con el golpe del 4 de febrero. La política de colocar militares activos y en condición de retiro, se ha ampliado a todos los niveles de la administración central, a las empresas del Estado y entes descentralizados. Por otra parte, a la Fuerza Armada les fue asignada la misión de desarrollar un plan de asistencia social, denominado “Plan Bolívar 2000” , ahora “Plan Bolívar 2001” . Dotándolo de amplios recursos económicos antárticos para contratar empresas encargadas de reparar escuelas, construir casas, atención médica ambulante para los pobres, instalar mercados populares a bajos precios, construir carreteras, etc. Actividades, tradicionalmente responsabilidad de las gobernaciones provinciales que, según los lineamientos del Plan Bolívar se trasladan a los... ¡Jefes de Guarniciones de cada zona regional!.  Tales datos, indican la tendencia a incorporar a las Fuerzas Armadas y a sus oficiales, a actividades propias del mundo civil, no por razones de emergencia nacional o por razones de desastres naturales, como suele ocurrir en los regímenes civiles, sino colocando a militares activos al frente proyectos, programas y actividades propias de la sociedad civil. Se trata de un nuevo modelo de intervención del estamento militar corporativo en la actividad política a partir de su ascenso al poder utilizando los mecanismos del sistema democrático. No se trata del “derecho a veto” del estamento militar a las decisiones de los políticos civiles. No se trata de unos “mecanismos de influencia” articulados por los militares sobre las estructuras e instituciones del sistema político. Ni tampoco se trata, de la tradicional “intervención directa” de los militares en la política, como lo intentara Chávez en 1992. No se trata de una reedición del Operativo Borrego entre la Juventud Peronista y el Ejercito oligarca en 1973. No,  se trata de un modelo o paradigma distinto, en las relaciones civiles y militares en Venezuela. Se trata de una mezcla de politización de las fuerzas armadas con su transformación en un instrumento político corporativo legitimado para participar activa y en forma permanente en la conducción de todos los asuntos públicos, a través de mecanismos democráticos electorales para legitimar su ascenso a los procesos de adopción y ejecución de decisiones, y de selección del personal político apoyado en las Fuerzas Armadas. Esta es la razón por la cual existen suficientes datos para proponer discutir detenidamente la tesis del “partido militar” o el comportamiento partidista clásico de la institución militar. Si uno de los elementos característicos de una organización política, es el de proponerse llegar al poder y colocar a sus miembros en las posiciones claves del sistema de adopción de decisiones del sistema político; es posible pensar, que la Fuerza Armada venezolana, al aceptar el rol de liderazgo político involucrado en el principio de “participación activa en el desarrollo nacional”, junto al voto, militar y la colocación de sus oficiales en los cargos públicos no militares, esta asumiendo funciones que son propias de una organización partidista liberal clásica. 

Desde una perspectiva liberal y “Capital-Parlamentarista”moderna las Fuerzas Armadas tiene una clara función profesional de defensa exclusivamente militar. El problema se hace mucho mas complejo con la incorporación de nuevas funciones a la institución militar, producto de las “los factores reales de poder” característicos de la historia política y social de cada una de las sociedad latinoamericanas y las formas y maneras específicas como los procesos globalizadores se realizan en nuestras sociedad, creando una inmensa dinámica de cambio donde los parámetros de la modernización se convierten en obstáculos para la comprensión de las nuevas funciones y roles de las viejas instituciones políticas, entre ellas las militares. Los proceso de cambio y transformación, estimulados por el movimiento encabezado por el Presidente Chávez, se le plantearía el problema de llevar su proyecto de “cambio revolucionario”, aún lento en lo social, exclusivamente al aparato militar del Estado.  En este caso, la función política de la Fuerza Armada sería parte del proyecto político de cambio y transformación en proceso. Desde esta perspectiva, las relaciones civiles y militares podrían variar de acento dinámico, pero sería un error de largo alcance, olvidar que el partido político siempre trazará la estrategia política y la acción militar será siempre un instrumento de la decisión política, incluso más allá de Chávez.  Desde Clausewitz, hasta Fidel, pasando por Mao y Trosky, lo militar y los aparatos militares son un momento crítico del proceso político, y lo político siempre será un asunto, así sea de militares convertidos en políticos, predominantemente social y no por razones de las Constituciones escritas, sino sobre todo porque la mayoría de los miembros adultos de una sociedad son civiles, y tal relación cuantitativa establece una interacción de poder real entre civiles y militares. Ninguna sociedad sobrevive y progresa gracias a la capacidad de fuego acumulada, sino gracias a la capacidad productiva de dicha sociedad y no solo se trata de producción de los bienes materiales, sino sobre todo intelectuales. Aquí se encuentra la base mas sólida de poder real de una sociedad y tales es un asunto civil.

Este tipo de militarismo de masas, débilmente democrático o formalmente respetuoso de los métodos democráticos y con claras tendencia autoritarias, ha descubierto que, en una sociedad donde la mayoría de los electores se encuentran insatisfechos y muy molestos por la incapacidad del liderazgo civil  de la “Nueva Clase” para resolver sus más elementales necesidades, no ha dudado en utilizar los procedimientos electorales y llamar a votar por lideres provenientes del estamento militar. Todos los candidatos propuestos y respaldados por y desde la Presidencia ganaron en las gobernaciones y alcaldías a las cuales se nominaron. La mayoría eran ciudadanos desconocidos por los electores, fue suficiente el respaldo público del Presidente para lograr el apoyo de los electores y garantizar así la victoria. Igual suerte les toco correr a los candidatos a la Asamblea Nacional , ahora unicameral. La mayoría de sus miembros, muchos de ellos militares activos o retirados, responden a las instrucciones de Chávez, sin mediación orgánica, partidista o institucional, ni consultas de base democrática. Es una relación de vasallaje basado en el poder electoral y popular del caudillo “cesarista”. El objetivo de copar el poder de las instituciones del Estado, desplazando a los funcionarios de la “Nueva Clase” se había cumplido por procedimientos democráticos. También por métodos democráticos una élite de militares golpistas y en retiro, se colocó en las posiciones cúspides de decisión del sistema político venezolano y coloco junto a ellos a centenares de civiles y militares activos y retirados en toda la estructura del Estado a todos los niveles. De esta manera, se invierte la direccionalidad de la relación civil-militar en el sistema político liberal, ahora son los militares –activos y en retiro – quienes están legitimados, para adoptar las decisiones que comprometen a toda la sociedad en su conjunto.

La Fuerza Armada venezolana logra así, una clara independencia y autonomía con relación al poder civil y del social en general. Además de ampliar las funciones y responsabilidades de la Fuerza Armada a todos las actividades de la vida social venezolana en competencia con los civiles, la Constitución del 99, hace una distribución de responsabilidades en materia militar entre los diversos poderes del Estado que reduce al mínimo el control de la materia militar por parte del poder legislativo, el único de lejana base popular. Y esto era así por que esa es la relación de fuerzas real en la propia Venezuela desde que el liderazgo pasó de la sociedad civil a las masas en el Caracazo y de allí al Ejército. La Fuerza Armada es el principal factor de poder existente en la estructura institucional del país y en el seno de la sociedad venezolana y ha logrado que su poder real se exprese en poder formal al introducir tales modificaciones en la Constitución del 99. Esto significa que el estado de funcionamiento de las variables básicas del sistema político se encuentra dinamizado por un proceso de incorporación de pautas de comportamiento político y administrativo propios de la institución militar. La hiperampliación de las funciones de la Fuerza Armada hacia el orden interno y las actividades de desarrollo material, unida a la política del Chávez de movilizar a los oficiales de baja y alta graduación hacia responsabilidades de gobierno y de la administración del Estado a todos los niveles, así como la administración de recursos dirigidas a obras de interés social, transforma a la Fuerza Armada en la única institución que ejerce control sobre el Estado y potencialmente sobre la sociedad civil.

En el momento en que el gobierno provisional gorila se puso contra esta Constitución, el grueso del Ejército –el arma que más había sostenido a Chávez en el pasado– se puso automáticamente contra la junta civil. Esos sectores tienen un poder equivalente al que ahora le han dado a Chávez. Son ellos quienes contribuyeron a sacarlo de la prisión, y en el balance futuro serán una barrera para los ajustes que el presidente antes del golpe comenzó a aplicar para intentar poner en orden el desmadrado escenario económico. Pero eso lo encerró en una nueva contradicción, porque los generales que ayer dieron vuelta la situación no eran otros que los que apuntaron contra el efímero Carmona. Sí: son los mismos. Es decir: seguían estando contra Chávez, pero su defensa del rol corporativo que les otorgaba la Constitución Bolivariana obligaba a defender un proceso cuyo desemboque lógico era ...la vuelta de Chávez. “Yo dije que iba a haber problemas en el apoyo militar. No creo que respaldaran todo lo que planteó Carmona. Lo que hubo aquí fue una conspiración largamente planeada, pero fue apenas una cúpula del Ejército, sin mando sobre las unidades de combate más importantes, que se alió con los empresarios. Ni siquiera participó el general Lucas Rincón (Inspector General de las Fuerzas Armadas)”, dijo el general Alberto Miller Rojas, ex chavista. “No tenían asegurado el apoyo de todo el Ejército, la Fuerza Aérea tampoco, y encima Carmona colocó a personajes de la Armada al mismo nivel que algunos del Ejército, cuando se apoyó en los hombres de esta fuerza para hacer el golpe. Yo conozco al general Baduel (uno de los que se rebeló en Maracay), fue ayudante mío cuando era capitán, y sé que no estaba de acuerdo con que se destituyera a todo el mundo”, agregó. “No garantizaron los mandos medios y parte de la cúpula del Ejército, que no parecía estar de acuerdo con terminar con todas las instituciones ( la Constitución de 1999)”, estimó el analista político Díaz Rangel, director del diario Ultimas Noticias.  El mayor peligro en Venezuela se deriva del hecho de que ningún actor militar puede arrogarse el dominio de una decisiva superioridad de fuerzas sobre el otro. El chavismo difuso dentro del ejército no bastó para impedir el arresto y humillación de Chávez y la constitución de la espuria fuerza de gobierno del doctor Carmona, pero el antichavismo tampoco fue suficiente para impedir que esa junta volara por los aires en 22 horas. Y todo esto girando entorno al fetiche constitucional. Algo parecido se repite en el plano político: de acuerdo a las últimas encuestas tomadas antes de la caída de Chávez, el ex teniente coronel disponía de alrededor de un 30 por ciento en las encuestas de simpatía, pero sus dispersos opositores no pasaban mucho más allá del 10 por ciento. Lo cierto es que Chávez está gracias a una decisión interna del Ejército, que las masas fueron un actor secundario y que en lo que queda de su mandato veremos el accionar de un presidente extorsionado, condicionado y mirando de reojo el humor castrense. Y no sólo puede verse en sus declaraciones más sinceras mandando al Pueblo movilizado a sus casas, una receta tardoperonista, sino en sus palabras entrando al palacio presidencial: “Vengo dispuesto a rectificar lo que haya que rectificar”, ha afirmado, vestido con casaca azul y camiseta verde, en su primer mensaje a la nación tras su vuelta al poder. Rectificar suena a operación metalúrgica de derecha. Si estamos pensando en la revolución bolivariana como un proceso de transición que lleva ya tres años, la coherencia entre los fines “socialistas” y los medios debería estar plenamente afirmada. Ni perecer, ni traicionar, tal es la frase de rigor de toda transición. Pero siempre lo más importante y lo más urgente es ir lo más rápido posible y lo más lejos posible en la adquisición material de poder de decisión social, y también lo más directamente posible, por las masas populares. Particularmente en las empresas estatales y en las privadas después. Es decir: ir lo más lejos y rápido que se pueda hacia el poder autónomo, el poder popular, el control obrero, la autogestión bien entendida. Todos los problemas convergen, como se vio en otras transiciones desde economías de mercado ganadas por coaliciones de izquierda (Chile en 1973 pero también en Portugal en 1975) en esta conclusión. Estas estructuras constituyen una poderosa herramienta de identidad social, la más segura contra retrocesos, traiciones del movimiento en acción, cansancio de líderes, reales políticas, recuperaciones o normalizaciones “burguesas”. Situar estos procesos vitales o diferirlos o reemplazarlos por la democracia representativa indirecta, aún bajo el nombre de bolivariana, es un error político mortal. Si hay algo que rectificar es, precisamente, éste punto. Que no hay victoria ni a lo Pirro lo indica este síntoma: la convocatoria a todos los sectores al diálogo a través de las "Mesas de Unidad Nacional", que comenzarán sus trabajos el 18 de abril. ¿Adónde está el poder en Venezuela? Seguramente detrás del que introdujo en la mente “chavista” la palabra “rectificar”.